Posición de NS3.0 sobre la propuesta del PSOE para la dación en pago:

Los últimos días se ha generado una agria polémica dentro de los partidos progresistas por la abstención del partido socialista en la votación de la propuesta de ley apoyada por diversos partidos de la izquierda en el congreso. Desde Nuevo Socialismo 3.0 queremos pronunciarnos al respecto en varios sentidos. Primero pensamos que la incapacidad de la cúpula actual del PSOE para alcanzar acuerdos con otros grupos afines ideológicamente en temas tan importantes como este nos deja en muy mal lugar como partido político. Si tenemos una propuesta alternativa lo lógico es consensuarla con el resto de grupos de la oposición, sobretodo los de izquierda, para no ir en solitario a enfrentarnos a un Partido Popular envalentonado por sus victorias electorales y por su mayoría absoluta. Pero más allá de esta crítica sobre la estrategia política de oposición blanda que ya hemos hecho otras veces, hemos creído conveniente analizar pormenorizadamente la propuesta de nuestro grupo parlamentario al respecto, a ver si es tan buena como para justificar marginar al resto de la izquierda de su redacción.

Estas son las conclusiones del análisis:

1.- Primero, en el preámbulo la propuesta ignora la responsabilidad de los anteriores gobiernos en la dejación de funciones del Banco de España, que debió impedir prácticas como la concesión de hipotecas a plazos de 40 años por valor del 100% del valor de la tasación, que permitió que las tasadoras trabajaran para los bancos inflando las valoraciones de las viviendas, y que permitió que esa burbuja se inflará con crédito internacional que ahora nos ahoga.
2.- La propuesta de ley es correcta en la denuncia del desequilibrio en la posición del acreedor y del deudor, pero no incide en que el estado favorece ese desequilibrio rescatando bancos mientras deja caer familias, lo cual es un incumplimiento flagrante del derecho a la vivienda consagrado en la constitución. Ni el anterior gobierno del PSOE, ni el actual del PP, están proporcionando los medios para que las personas puedan disfrutar de una vivienda digna. La propuesta hace mención a este derecho, y desde ese punto de vista es correcta, pero la falta de autocrítica la hace poco creíble.

3.- La propuesta de ley pretende resolver el problema sin señalar culpables, lo cual es erróneo, pues si hay culpables es conveniente indicarlo para no caer en los mismos errores, tomando las medidas de prevención oportunas para que dichos culpables no vuelvan a hacer de las suyas. A nuestro juicio los culpables son los siguientes:
El Banco Central Europeo por no crear las condiciones monetarias macroeconómicas que permitan luchar contra el desempleo, generando por omisión de acción unas horrendas condiciones en el mercado laboral (reducción de sueldos, desempleo juvenil, precariedad laboral, etc) que hacen inevitable que centenares de miles de familias caigan en una situación de insolvencia total.

El Gobierno del PP, que incumple flagrantemente el derecho constitucional de los españoles a un trabajo digno, poniéndose de lado de las instituciones internacionales que nadie ha elegido y aplicando recortes indiscriminadamente: recortes en sanidad, en el subsidio de desempleo, en los sueldos de los empleados públicos, en los pagos a las pymes que son sus proveedores, etc. Estos recortes generan muchas de las insolvencias que acaban en embargos.

Las cúpulas de las entidades financieras, que fueron y son colaboradoras necesarias de las injusticias. Es harto conocida la expresión “no me digas que no puedo hacer esto, dime como puedo hacerlo” que se suele oír en los despachos de los altos ejecutivos cuando se reúnen con sus abogados especialistas en normativa bancaria. El legislador dejó agujeros en la ley, y los banqueros los aprovecharon y ahora piden rescates.  Son por tanto culpables de la burbuja inmobiliaria por su total carencia de ética profesional.

4.- La propuesta de ley pretende establecer procedimientos extrajudiciales de ejecución hipotecaria sin especificar quien salvaguardará al consumidor en la ejecución de esos procedimientos. La historia reciente de las malas prácticas bancarias no nos permite ser optimistas: si ese procedimiento no es favorable a las entidades financieras y si no tiene tutela judicial independiente, no se aplicará nunca. Si en cambio ese procedimiento es favorable a las entidades financieras entonces quien pierde es el embargado, una vez más. Dada la historia reciente de las prácticas bancarias realizadas en España, un simple código de buenas prácticas no parece suficiente sin una tutela judicial efectiva.  Dicha tutela judicial debería ser gratuita para aquellas personas sin recursos, siguiendo el principio constitucional de que todos tenemos derecho a ser defendidos gratuitamente en los procedimientos judiciales. La tutela judicial de ese procedimiento debe garantizar al acreedor que efectivamente la insolvencia no es dolosa, y al deudor que la dación en pago y la ejecución de la hipoteca se hace en términos equitativos en relación a la tasación inicial del inmueble.

5.- La propuesta de ley incluye mecanismos para evitar los desahucios en algunos casos. Nosotros pensamos que después de darle a la banca centenares de miles de millones de euros de dinero publico, dinero público que los propios desahuciados pagan con sus impuestos, es inmoral que los bancos que reciben ayudas desahucien a las familias que a su vez les rescatan. La banca intervenida no debería ejecutar ningún embargo hipotecario a primeras viviendas al menos hasta que devuelvan todo el dinero recibido.

6.- Otra medida importante que habría que incluir en esa propuesta de ley es la obligación de la banca intervenida de ceder los pisos que tenga vacíos a un gestor público de vivienda social, que los alquilará a los desahuciados a un precio simbólico, mediante contratos anuales prorrogables mientras esas familias no se recuperen económicamente.

7.- Finalmente, habría que incluir en la nueva ley la modificación de los mínimos salariales inembargables. Actualmente esos mínimos son anormalmente bajos, deberían subir a 1000 euros en el caso de personas sin cargas familiares, sumando 300 euros por persona por encima de la primera en la unidad familiar. La garantía personal hipotecaria no debe condenar a la indigencia de por vida a los actuales hipotecados.

Si fueran muy pocas las familias insolventes, y hubiera pleno empleo, los gobiernos y la banca podrían decir que no son culpables de la situación de esas pocas familias, con situaciones específicas que habría que estudiar una por una. Sin embargo, con un paro del 25% y subiendo, y con tanta y tanta gente con ingresos bajísimos, por obra y gracia de los tres grupos responsables previamente mencionados, está claro que han sido ellos los que han generado las condiciones macroeconómicas para que la gente no pague. No es suficiente hacer una ley que aminore el dolor a los desahuciados, es necesario evitar que vuelva a ocurrir algo parecido y para ello es indispensable señalar los verdaderos culpables de la situación.

Por todo ello pensamos que debería modificarse la propuesta de ley del PSOE, que debería pactarse con todos los grupos de izquierda, y que como partido deberíamos exigir responsabilidades personales frente a la justicia a todos los culpables de que hayamos llegado a esta situación debido a su dejación de funciones y a las malas practicas bancarias, incluyendo la solicitud de inhabilitación de todos aquellos que hayan actuado incorrectamente desde sus posiciones de poder en los diversos ministerios de economía, reguladores financieros,  y en las entidades financieras.  Debemos renovar esas cúpulas de poder, con personas de intachable trayectoria, para que otros con menos mala conciencia puedan ponerse al mando y llevar a cabo las medidas oportunas, que no son desahucios y más desahucios, recortes y más recortes, sino que deben ir en la dirección de ayudar a las familias, no solo a recuperar la solvencia económica, sino también a recuperarse psicológicamente de esta crisis que tanto daño nos está haciendo.