El PP acaba de asestar un golpe mortal al estado de derecho. A partir de ahora, y debido a la reforma judicial impuesta por este partido, los ciudadanos que pretendan acceder a la justicia se verán obligados a pagar unas tasas abusivas. Por ejemplo, los afectados por escándalo de las preferentes en caso de reclamar 100.000 euros tendrán que pagar un mínimo de 800 euros y un máximo de 3.800 para que se estudie su caso, dependiendo de si llega hasta el Tribunal Supremo o no. Todo esto sin tener ninguna garantía de poder recuperar lo que un día les fue estafado.

Esta reforma es extremadamente grave en tanto en cuanto protege al que se aprovecha de la gente frente a los que reclaman justicia. Es un contrasentido que desde el gobierno se pida que se respete el estado de derecho, y que se utilicen los cauces legales establecidos para resolver litigios y efectuar reclamaciones, y a la vez se impongan trabas para acceder a dichos cauces.

A partir de ahora recurrir multas, aunque sean injustas, resultará más caro que pagarlas. La misma indefensión se producirá cuando un consumidor vea violados sus derechos, un trabajador tenga que defenderse de la actuación irregular de su empleador, o un ciudadano haya sido víctima de una estafa financiera o quiera querellarse contra presuntos corruptos que abusen de poder. ¿Qué harán aquellos que hayan sufrido semejante atropello? recordemos que hay centenares de miles de ciudadanos con problemas legales con los bancos (preferentes, salida a bolsa de Bankia, presunta estafa en la gestión de BANIF inmobiliario, etc.) ¿Qué ocurrirá si estos ciudadanos no pueden ir al juez para solicitar justicia? ¿Realmente queremos que la ciudadanìa tenga la sensación de que la única manera de acceder a la justicia es tomándosela por la mano? En un estado de derecho las cosas no deberían ser así.

Esta reforma es solo el colofón a una serie de atropellos que están sufriendo las personas humildes en el acceso a la justicia. En muchas de las comunidades gobernadas por el PP los abogados del turno de oficio, es decir, los que defienden a los que no pueden pagarse uno, o no cobran, o cobran con muchísimo retraso, incentivando que se borren de tan necesario servicio a los ciudadanos.

Nuevo Socialismo 3.0 está totalmente en contra de esta reforma, es más, pensamos que obligar a los ciudadanos a pagar estas tasas abusivas impide que se aplique la ley en muchos casos, y creemos que se fomenta el abuso de poder por parte de organizaciones empresariales poderosas y por parte de la administración. La administración no paga tasas, y las empresas pueden pagarlas, pero los ciudadanos ni están exentos ni pueden pagarlas. Es por eso que decimos que su excelentísimo ministro el Señor Gallardón, si realmente consigue sacar adelante su reforma, habrá acabado con el estado de derecho en este país y habrá apisonado un derecho civil básico en cualquier democracia.

Por eso pedimos:

1.- Que el PP derogue su reforma y no se cobren tasas a las personas físicas que reclamen a la justicia, tal y como ocurría hasta ahora.

2.- Que haga lo que haga el PP, el PSOE incorpore desde hoy a sus propuestas la eliminación de dichas tasas, y el refuerzo de los turnos de oficio, para asegurar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos.

Si perdemos el acceso a la justicia, perderemos el estado de derecho, y nos convertiremos directamente en una republica bananera. España merece algo más que unos gobernantes que solo protegen a los que abusan de la buena voluntad de la gente normal.